Lepanto, Península de Nicoya, 4 de abril del 2024. El futuro Intendente del Concejo de Distrito de Lepanto, Juan Luis Arce Castro, quien asumirá el cargo a partir del 1 de mayo, enfrenta una querella en el Tribunal de Juicio de Nicoya por los supuestos delitos de injurias, difamación y calumnia.
Como querellante figura Diego Armando Valerio Avila, quien entabló el proceso por presuntos ilícitos contra el honor por “afirmaciones públicas y notorias a viva voz que realizó (Arce Castro) en contra de mi persona el día 2 de noviembre de 2023.
La cita de conciliación en relación con este proceso está programada para el 9 de abril, a las 9 a.m. cuando Arce Castro –quien ganó las pasadas elecciones municipalidades de febrero pasado como candidato del Partido Unidos Podemos- tenga la oportunidad de retractarse.
Valerio Avila labora desde el año 2017 en el Concejo Municipal del Distrito de Lepanto ejerciendo el cargo en propiedad en calidad de Proveedor a partir del 2019.
Según indica la demanda el 2 de noviembre del 2023 Arce Castro –de manera pública y frente a compañeros de trabajo- se habría apoderado de una orden de compra que se encontraba en el escritorio de Valerio Avila con una “actitud agresiva y prepotente” de acuerdo con el relato del documento judicial.
“El aquí querellado indicó que: “tome la orden de compra porque venís a trabajar cuando se te da la gana, no viniste el lunes por andar en tus cititas y el miércoles por sacar esas licencias del sindicato, solo te apuras en los procesos que te ves beneficiado, haces lo que te da la gana solo porque la doña tuya es familiar del Intendente””, señala textualmente la acusación.
Gerardo Zúñiga, abogado del querellante, indicó que en este caso está “de por medio el nombre, profesionalismo y reputación de un funcionario público que ha sido denigrado dañando su ética sin ninguna causa justificable”.
“No es posible que se ponga en duda de buenas a primeras el decoro de un servidor del Estado sin que haya consecuencias. En este país se ha vuelto casi un deporte nacional lanzar todo tipo de acusaciones contra empleados públicos realizando innumerables señalamientos sin fundamento”, destacó Zúñiga.
Además, el testimonio de Valerio Avila añade que el querellado propaló otras supuestas injurias en relación con el proceso de contratación pública n. 2022CD-000017-0031-60001 denominado “Revisión legal de concurso de contratación de personal 001-2022 para el puesto de Coordinador de Servicios Ciudadanos y Tributarios de la Intendencia de Lepanto.
En relación con esa gestión la demanda señala que supuestamente el Intendente electo habría señalado que Valerio Avila estaba atrasando el procedimiento “por beneficios personales, sacándome inclusive a vacaciones de manera abrupta y autoritaria en ese momento con tan solo 1 hora para dejar mi puesto”.
Como acción civil resarcitoria la acusación solicita que el futuro Intendente de Lepanto pague la suma de ¢2 millones por daños y perjuicios.
